El problema de la ciberdelincuencia ya es algo global, que afecta tanto a empresas de mayor nivel, pymes y administración en general. Ésta última por ejemplo suele ser uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes ya que la administración maneja una gran cantidad de datos e información. Y esa tendencia, sin duda, es un grave riesgo no sólo para la administración sino para la ciudadanía en general, ya que estos ataques suelen tener como fin el robo de datos personales o financieros, afectando a la estabilidad de los sistemas informáticos y generando sin duda un impacto negativo no sólo en la seguridad sino también en la economía del país.
Por ello, la seguridad digital es un objetivo ya de primer orden para la administración pública, que desde hace tiempo viene implementando distintas medidas enfocadas a la protección de su información y a la prevención ante posibles ataques.
La tendencia general es el aumento en el número de ciberataques a organizaciones y gobiernos, y cada vez la mayor y mejor preparación de los cibercriminales. Por ello la inversión total, no sólo del sector privado sino también del público en ciberseguridad aumenta cada año, con una concienciación general de la sociedad de que la importancia de protegerse en la red resulta hoy en día fundamental.
Según datos hechos públicos recientemente, durante el pasado año la administración pública en nuestro país llevó a cabo casi 900 proyectos relacionados con la mejora general de la seguridad en la red. Para la financiación de estos proyectos (880 en concreto) se destinaron casi 228 millones de euros, lo que representa el 4 % del total de las inversiones tecnológicas aprobadas por el sector público en 2022, según datos del barómetro de ciberseguridad de Adjudicaciones TIC, desde donde se destaca que además de la necesaria inversión económica existen otra serie de desafíos que no son necesariamente económicos, como la falta de personal especializado en ciberseguridad.
Algunas de las instituciones más activas en la mejora de la seguridad cibernética en España fueron la Secretaría de Estado de Administración Digital, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y AENA.
Otros ejemplos son el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) quien también tuvo un papel importante en este ámbito, trabajando en un proyecto de sensibilización y divulgación en ciberseguridad por un valor de casi 7 millones de euros. O la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa contrató un proyecto para adquirir productos software de Microsoft para sistemas de mando y control y redes clasificadas por un valor de 4,6 millones de euros.
Se pone de manifiesto, sin duda, la problemática general y la apuesta decidida de la administración por atajar los posibles riesgos que implica no invertir de manera acertada en una necesaria y hasta obligada política y estrategia de seguridad cibernética.
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